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A un año del nuevo comienzo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que coloca a la clase trabajadora al centro de todas sus acciones, el organismo redoblará esfuerzos para atender mejor las necesidades de todos sus derechohabientes y recuperar su confianza.
Regidos por este precepto, los miembros de la Sesión Ordinaria 119 de la H. Asamblea General del Instituto aprobaron el Plan Estratégico y Financiero 2020-2024 y el Código de Ética, documentos que establecen las metas de originación de crédito para el siguiente año, la creación de nuevos esquemas de financiamiento que dan solución a demandas históricas de los trabajadores y dictan directrices muy claras sobre la conducta de quienes representan al organismo.
Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, precisó que hoy ya se puede hablar de una transformación en marcha que ha beneficiado a más de 1 millón 300 mil trabajadores a través de sus programas Responsabilidad Compartida, 90 Diez, Con 7 Mil Sí, Cobranza Social y devolución de recursos a los pensionados que aún tenían saldos a su favor en el Fondo 72-92. Sin embargo, es necesario y justo llevar más allá la transformación del organismo y convertirse en un verdadero aliado de los derechohabientes.
“Entendimos que, para transformar verdaderamente al Instituto, no sólo debíamos pensar en mejores opciones financieras y no se trataba únicamente en gastar menos y mejor, sino que teníamos que cambiar la lógica con la que opera y se entiende la labor del Infonavit”.
Por ello, además de una meta de colocación para 2020 de 529 mil financiamientos y el lanzamiento de los programas de autoproducción y créditos solidarios, durante el siguiente año el Instituto implementará nuevas métricas que reflejen la calidad en la atención a los trabajadores.
No será un indicador de éxito el número de viviendas vendidas a través del organismo, sino la cantidad de familias que ya lograron liquidar su crédito y tener certeza jurídica sobre su patrimonio.
Además, no se considerará como parámetro el número de llamadas atendidas de los derechohabientes, sino la cantidad de problemas resueltos a su favor.
Lo anterior, respaldado en el nuevo Código de Ética, dirigirá la actuación del Instituto bajo los más altos estándares de eficiencia, transparencia, legalidad, integridad y mejores prácticas de gobierno institucional; así como la aplicación de los principios de inclusión, igualdad de género y no discriminación.
En su intervención, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó estar segura de que en este órgano tripartita que es el Infonavit, hay un consenso para no regresar al pasado, “sé que a todos los presentes nos une la visión de cambiar el modelo de vivienda expansivo, caro y poco adecuado para los trabajadores, el cual, pensado desde la oferta, nos legó graves problemas, sobre todo en los juicios masivos, en los que los despachos de cobranza hicieron su agosto y los trabajadores fueron despojados de su patrimonio. Estoy convencida de que nadie en esta Asamblea puede apoyar estas prácticas depredadoras”.
Por su parte, Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en representación del presidente de la República, invitó a los integrantes de la Asamblea General “a seguir apoyándonos y transformando las instituciones mexicanas para que, en el marco de un diálogo franco y respetuoso, sigamos construyendo una institución moderna, innovadora y con un estricto sentido social. Tenemos una oportunidad histórica de consolidar al Infonavit como la institución por excelencia de los trabajadores, con los trabajadores y para los trabajadores”.
El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado Mexicano, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, administrando más de 62 millones de subcuentas de vivienda equivalentes a 1.13 billones de pesos.
